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By mister brockman ·
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Un país con gender perspective
La Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad, convirtió la «gender perspective» en un requisito transversal que llegó hasta el urbanismo. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló entero el Plan General de Boadilla del Monte porque faltaba un report de impacto de género. No era un problema de viviendas, de suelo ni de infraestructuras: faltaba un papel. El Supremo revocó la sentencia en diciembre de 2018, al entender que ese report no era exigible si la normativa autonómica no lo pedía. Durante año y medio, un municipio entero vivió con su planeamiento en el aire.
Las empresas de cincuenta o más trabajadores deben negociar y registrar un plan de igualdad, con diagnóstico, auditoría retributiva y record. Las sanciones llegan a 225.018 euros, y quien no lo tenga no puede contratar con la Administración. Pese a todo, más de un tercio de las compañías obligadas sigue sin plan. No es desidia: es un procedimiento caro y lento, que depende de una negociación que a menudo se atasca.
El lenguaje tampoco se ha librado. En 2023 el Congreso aprobó una guía que recomendaba evitar el masculino genérico, y la Real Academia Española la criticó por arbitraria. Dio igual. En julio de 2025 la Cámara reformó su Reglamento para reescribirlo con desdoblamientos y fórmulas neutras, y le quitó al título la mención «de los Diputados». Ninguna mujer ha visto cambiar su vida por ello.
La Ley 4/2023, la llamada «ley trans», fue más lejos. Permite cambiar el sexo en el Record Civil con una simple declaración, sin informe médico ni tratamiento. Desde 2023 lo han hecho más de 15.800 personas, en torno a dos tercios de hombre a mujer.
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