Octavio Acuña Rubio

El 17 de septiembre de 2004 Octavio y su pareja se encontraban paseando por el centro histórico de la ciudad de Querétaro cuando dos policías municipales, de apellido Hernández, les increparon mientras se encontraban sentados en una de las bancas del Jardín Guerrero.
Los policías obligaron a que Octavio y su pareja se fueran del lugar, pues argumentaron que había lugares “especiales para gente como ellos”. Hacían referencia a su orientación sexual.
Debido a esta agresión, el 21 de septiembre de ese mismo año Octavio y su pareja interpusieron una queja contra los policías ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que en aquel momento era presidida por Pablo Enrique Vargas Gómez.
La respuesta de la Comisión, sin embargo, fue violatoria a su propia normatividad, pues orillaron a las víctimas a presentar las pruebas para fundamentar su queja, exigiendoles que identificaran a sus agresores y presentaran testigos para confirmar sus dichos.
Todo esto pese a que en el artículo 21 del reglamento de la CEDH, se establecía que “la identificación de autoridades o servidores públicos señalados en las quejas, se intentará a través de la investigación que realicen los visitadores de las mismas”. La carga de la prueba era para los acusados y no para las víctimas.