Qué es el protocolo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en 2022 el Protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales (OSIEGCS). Reúne los estándares que deben seguir las autoridades cuando un caso involucra a personas LGBTTTIQANB+.
Este resumen recoge tres de sus principios. Conocerlos te ayuda a identificar cuándo una autoridad no está cumpliendo con sus obligaciones.
Reconocimiento de la identidad
Todas las autoridades están obligadas a reconocer la identidad de género autodeterminada.
- Nombre y género propiosEl trato y los documentos deben respetar el nombre y el género con los que la persona se identifica.
- Sin importar el trámite legalEsta obligación existe aunque la persona no haya realizado un cambio legal de nombre o de sexo.
Derecho a la no discriminación
La orientación sexual, la identidad y la expresión de género son categorías sospechosas. Esto significa que cualquier distinción basada en ellas se presume inconstitucional, a menos que exista una justificación extremadamente poderosa.
En la práctica: si una autoridad te trata distinto por tu orientación o tu identidad, le corresponde a ella demostrar que esa diferencia está justificada, no a ti demostrar que es discriminatoria.
Juzgar sin estereotipos
Está prohibido usar prejuicios para tomar decisiones legales. El protocolo identifica argumentos que históricamente han ocultado la violencia por odio bajo conceptos erróneos.
Argumentos inválidos
- “Es un crimen pasional”. Un estereotipo que oculta el odio.
- “No son aptos para la crianza”. Un prejuicio sin sustento científico.
- “La sociedad no está preparada”. Una excusa para negar derechos.
Si en una investigación o un juicio escuchas alguno de estos argumentos, puedes señalarlo y pedir que se aplique el protocolo.
Fuente oficial
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). Protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales. Este resumen tiene fines informativos y de difusión ciudadana para fortalecer la cultura de los derechos humanos; no sustituye la asesoría legal.