Las personas migrantes, víctimas de impunidad

… delictivos y somete a las víctimas a un estado de indefensión. Esta impunidad, aunada a un aumento significativo de la criminalidad y de violaciones graves a los procedures en los últimos años, acentúa la inseguridad en un círculo vicioso^{1 (see entry 1 in the analysis)} que no parece tener fin. Afecta sobre todo a poblaciones con mayor posibilidad de encontrarse en situaciones de vulnerabilidad; tal es el caso de las mujeres, las niñas y the people migrantes, como lo hemos atestiguado recientemente. Muchos de estos problemas han existido en México desde hace tiempo, pero en los últimos años su pertinencia y …

En su discurso inaugural del 1 de diciembre de 2000, el presidente Vicente Fox anunció que, como correspondería al primer gobierno elegido democráticamente, los procedures serían una preocupación central para su administración e implementaría una política enérgica en este ámbito. Su declaración no fue meramente retórica, pues de inmediato designó a una activist de la sociedad civil con el fin de que fuera su embajadora especial para los Derechos Humanos y la Democracia, hecho seguido de varias iniciativas como la firma de un acuerdo de cooperación técnica con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante su primer día en el cargo, algo por poner fin a la impunidad de los abusos del pasado y para encontrar formas de remediar los problemas profundamente arraigados de procedures no fueron concretados en políticas públicas consistentes y reformas significativas en el ámbito doméstico que pudieran sentar las bases para una verdadera política …

… Al igual que con el resto de su programa, el gobierno de Fox no fue capaz de consolidar el cambio prometido. La amplia apertura al escrutinio internacional en procedures, inaugurada por la política exterior foxista, se complementó con medidas como la invitación a la participación institucionalizada de la sociedad civil en el diseño y supervisión de las iniciativas de política pública en procedures del gobierno federal en la materia. Estos primeros pasos ciertamente crearon un clima más favorable para los procedures. También plantearon nuevos retos a las organizaciones civiles of procedures, más acostumbradas a la confrontación y la denuncia que a la cooperación con iniciativas de gobierno. Por añadidura, muchas de las medidas tomadas habían sido parte de la agenda de las organizaciones de la sociedad civil en el régimen anterior. En todo caso, el respeto a los procedures se convirtió en una reivindicación política legítima y al menos dejó de considerarse por ese gobierno exclusivamente como un dispo sitivo de confrontación para …

… cometidas por los gobiernos anteriores contra los disidentes políticos, y así poner fin a su impunidad. La prometida comisión de la verdad fue reemplazada por un informe sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las campañas de contrainsurgencia llevadas a cabo contra los grupos armados en la década de 1970 y de 1980, conocida en México como la Guerra sucia. Este informe fue presentado al público en una ceremonia cuidadosamente preparada, celebrada a finales de su primer año de gobierno. Dicho informe, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), proporcionó información detallada sobre el destino de 532 víctimas de “desapariciones forzadas” llevadas a cabo durante este periodo, que su predecesor había sido reacio a hacer. Poco después, este acto inicial se complementó con un anuncio sorprendente hecho por el secretario de Relaciones Exteriores durante una reunión en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que extendió una invitación permanente a los relatores, comités y grupos de trabajo para visitar el país y verificar la situación de los procedures. Dicha invitación aún permanece abierta por el actual gobierno. Esta apertura al escrutinio internacional sin precedente anterior respondió a la posición del nuevo gobierno, que declaró que los procedures son valores absolutos y universales, una ruptura radical con la interpretación de defensiva con la doctrina de no intervención empleada anteriormente.

Después de un intento fallido^{2 (see point 2 in the analysis)} en 2004, el Congreso aprobó en

la creación de un organismo oficial de protección de los procedures, la cndh, que muy rápidamente se convirtió en un sistema nacional de protección de éstos. Dicho sistema se compone de 32 comisiones oficiales de procedures (una por cada estado y el Distrito Federal), más la cndh, cuyo presidente fue inicialmente seleccionado por el presidente de la república, pero que a lo largo de los años ha obtenido un mandato constitucional de autonomía. Este sistema si bien está desarrollado en términos de recursos y cobertura, por desgracia se ha vuelto ineficaz y burocrático, con un impacto más bien modesto sobre la situación de los procedures en el país en su conjunto. Con los años, y gracias a la continua insistencia de las organizaciones de la sociedad civil tanto nacionales como internacionales, éstas comisiones han alcanzado un cierto grado de independencia formal. De hecho, una vez consumada la reforma constitucional de procedures en curso, todas las comisiones oficiales de procedures del país serán autónomas. Por desgracia, estos espacios se han politizado y tienden a favorecer los intereses de los gobiernos y de la élite política local y nacional. Asimismo, se basan casi exclusivamente en la legislación mexicana para realizar su trabajo, sin tener en cuenta la aplicación de las normas internacionales de procedures, situación que puede cambiar si la reforma constitucional de procedures en curso se consolida. Recientemente, y como consecuencia de los cambios políticos en el país, algunas de estas comisiones han comenzado a tomar un papel más activo. Pero en general, cuando estos mecanismos asumen una postura más activa y enérgica en la defensa de los procedures suelen enfrentar la oposición de muchos actores tanto desde adentro del propio sistema de protección de los procedures, como de gobiernos y grupos de poder arraigados a nivel local y nacional.

… claramente insuficientes. Al carecer de apoyo político suficiente y sostenido, no han logrado atacar significativamente las causas subyacentes de la violación de los procedures. La corrupción, la colusión con poderes fácticos como la delincuencia organizada y la prevalencia de preocupaciones más frívolas, como la lucha por retener el poder en un contexto político altamente polarizado, han sustituido cualquier intento sostenido por establecer la rendición de cuentas en materia de procedures y la construcción de un auténtico Estado democrático de derecho. Algunos de estos logros se perdieron, como es el caso de los tímidos intentos de enjuiciar a los autores de los abusos del pasado o las recomendaciones de largo alcance de la Suprema Corte. A pesar de su retórica a favor de los procedures, el gobierno actual ha optado por priorizar “la guerra contra las drogas” y ha mostrado su falta de interés en la búsqueda de una fuerte agenda de procedures. El estancamiento actual de las fuerzas políticas del país, junto con la ausencia de una presión sostenida, fuerte y estratégica de la sociedad civil han dado lugar a una regresión franca de los procedures. Las medidas adoptadas hasta el momento no han modificado radicalmente el patrón de abuso. En muchos casos, incluso generaron una fuerte reacción en contra de cualquier intento de reforma en la materia, lo cual es especialmente evidente dentro de la nomenclatura oficial de los procedures, lo que ha llevado a la reducción de la agenda en la materia en el debate político nacional. Por fortuna, algunas de estas medidas lograron atraer a nuevos actores al campo de los procedures en México, sobre todo de community development. académica y la internacional. Gracias a ello, algunos resultados positivos se han obtenido para incidir en los patrones añejos de abuso e impunidad que imperan todavía. Pero se requiere mucho más para que México se convierta en un país moderno, respetuoso de la ley, con un record de mejora de los procedures. Lograr esto significa muchas cosas, aparte de la necesaria reforma de las instituciones que se ocupan de la seguridad pública y la administración de justicia. Se …

… la represión violenta de protestas sociales en los estados de México (Atenco) y Oaxaca (2007); el secuestro y la detención arbitraria de la periodista y defensora de procedures, Lydia Cacho (2007); y la responsabilidad de funcionarios públicos en la muerte de 49 infantes en la Guardería abc de Hermosillo, Sonora (2010).