Congreso perfila reconocer derechos de infancias trans: Hernández

El Poder Legislativo podría aprobar la reforma que permitirá a niñas, niños y adolescentes trans rectificar administrativamente su acta de nacimiento para adecuarla a su identidad de género auto percibida, en cumplimiento de los criterios obligatorios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La iniciativa ya está; nos sumamos a ella muchos diputados y diputadas porque realmente y jurídicamente es algo muy necesario. Necesitamos proteger los derechos de la niñez y, desde luego, la libertad de poder decidir”, sostuvo Hernández Islas.

La reforma cobra relevancia luego de que la Suprema Corte determinó que las personas menores de edad no pueden ser excluidas de los procedimientos administrativos para modificar el nombre y el marcador de sexo en sus actas de nacimiento, cuando ello responda al reconocimiento de su identidad de género, al considerar que impedirlo vulnera derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la identidad y la igualdad.

“De acuerdo con lo que acontece a nivel internacional y nacional, ya tenemos un mandato que nos obliga también a atender el tema de las infancias trans. No podemos ser omisos al respecto; no podemos quedarnos atrás”, afirmó.

Hernández Islas recordó que, además de los criterios emitidos por la SCJN, México ha suscrito diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos que obligan a las entidades federativas a garantizar el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes mediante procedimientos accesibles, expeditos y libres de discriminación.

Actualmente, las personas menores de edad que buscan modificar sus documentos oficiales deben promover juicios de amparo, un procedimiento que implica costos económicos, asesoría jurídica especializada y tiempos prolongados de resolución.

Con la reforma que analiza el Congreso local, ese requisito desaparecería y el trámite podría realizarse directamente ante el Registro Civil, mediante un procedimiento administrativo, reduciendo cargas legales para las familias y garantizando el acceso efectivo al derecho a la identidad.