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Nuestro país cuenta con un marco legal robusto que garantiza la protección de los derechos de las personas sin discriminación en el Primer Artículo de su Constitución. Desde las reformas a ese artículo en 2011, explícitamente prohíbe la discriminación por preferencia sexual^{3 (ver el señalamiento 3 en el análisis)}. En los órganos de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en 2014 el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia que involucren la orientación sexual o la identidad de género. En 2015, se publicó el Protocolo de Actuación para el personal de la Procuraduría General de la República en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. A la fecha, distintas Secretarías de Estado, oficinas de gobierno e instancias del Poder Judicial se encuentran elaborando sus propios protocolos, incluso se han publicado ya varios de actuación policial Federal y Estatal.

Figura 8: Los crímenes de odio son particularmente violentos y en un 69% de los casos se usó un arma. Se desconoce si la víctima conocía o no a quien/es cometió/eron el homicidio en un 58% de los …

… el asesino era un desconocido, mientras que en el 12.5% era alguien que conocía a la víctima, pero no tenía mayor relación con ella. Sorprende que el 4.17% fueron asesinadxs por quienes se hacían llamar^{1 (ver el señalamiento 1 en el análisis)} sus amigxs y preocupa que en dos ocasiones más se trataba de familiares. También se sabe de un caso en el que la relación era de alumno-mentor. Aunque conocemos que en un mundo patriarcal y homofóbico muchas personas LGBT no están seguras con sus familias, parejas o amigxs, es incomprensible cómo relaciones de esa naturaleza se transforman en una de homicida-asesinadx. A continuación, se muestran los datos referidos en este párrafo:

E n los últimos años, el país ha tenido distintos avances en materia de política pública a favor de los derechos de las personas LGBT: matrimonio igualitario, reconocimiento de la identidad de género, protección social, protocolos, encuestas, campañas, entre otras. Muchas, producto de los trabajos titánicos del movimiento LGBT en distintas partes del país. Sin embargo, estos avances no han logrado eliminar la violencia contra personas LGBT e incluso han provocado reacción por parte de grupos que ejercen acciones de discriminación y violencia homofóbica, bifóbica, lesbofóbica y transfóbica. Aunque también se han hecho avances al respecto. En Veracruz, por ejemplo, anterior a las actividades del Observatorio, la organización participante (Soy Humano A.C.) se coordinó en 2017 y 2018 con asociaciones civiles, colectivos, servidorxs públicxs y diputadxs, logrando impulsar la agenda legislativa y así realizar reformas a los artículos 196 y 144 del Código Penal del Estado. Sin embargo, los crímenes prevalecen y la Fiscalía General del Estado no aplica tal marco jurídico sobre los crímenes de odio por OSIG, haciendo evidente su apatía y falta de interés para investigar, procesar y dar resolución a estos casos. Es de resaltar también el deterioro a la …

… e impunidad a muchos crímenes. En muchas ocasiones, el dolor de la familia les conduce a llevar a cabo su duelo en silencio y sin iniciar un proceso penal o exigir justicia. También, es posible que lxs familiares no quieran reabrir las heridas o prefieran permanecer en el anonimato por no querer ser asociadxs a la población LGBT. Considerando el estigma que se difunde en los discursos de odio, la revictimización también está presente: a veces culpando a la víctima por “buscárselo”, a veces culpándola por ser quien es (LGBT).

… local Rafaela Vianey García Romero, organizó un foro que se llevó a cabo el 21 de octubre en las instalaciones del H. Congreso del Estado. A dicho foro fueron invitadxs legisladorxs, medios de comunicación y aliadxs jóvenes. Las ponencias fueron: Reflexiones sobre los crímenes de odio por homofobia y transfobia en contextos de discriminación y violencia, Buenas prácticas en los medios de comunicación en temas que involucren a la diversidad sexual, Análisis de la agravante de odio por motivo de preferencias sexuales^{4 (ver el señalamiento 4 en el análisis)} en los delitos, y Protocolos de actuación para personal de las instancias de procuración de justicia en casos que involucren la OSIG.

… llevó a cabo en CDMX, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Puebla: En CDMX se reunieron con las Alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, con COPRED y con la CNDH, abordando princi - palmente el tema de violaciones de Derechos Humanos de las personas trans. En Coahuila se han realizado diversas actividades para dar seguimiento a la propuesta de ley para tipificar los crímenes de odio y para presentar la situación sobre estos crímenes en el estado; así mismo, se ha invitado a los cursos de capacitación y sensibilización a representantes de instancias gubernamentales de impartición de justicia y protección a los Derechos Humanos. La cobertura de estas actividades es enorme pues les ha llegado a todas estas instancias: FGE, Poder Judicial del Estado, diputadas del Congreso del Estado, DPIPDC, CDHEC, UNIF Saltillo, Secretaria de Seguridad, policías municipales de Saltillo y Cd. Acuña, elementos de Fuerza Coahuila, Ayuntamiento de Saltillo, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., académicxs e investigadorxs de la UAdeC, Universidad La Salle Saltillo, Departamento de Diversidad Sexual, organizaciones civiles, medios de comunicación y aliadxs. En Jalisco las reuniones han sido con la FGE y Seguridad Pública de Puerto Vallarta, con la CEDH y la presidencia municipal y con diputadxs del Congreso del Estado. En Michoacán tuvieron lugar 6 reuniones en la FGE en las que participaron el Fiscal General, las y lxs titulares de las Fiscalías de Crímenes de alto impacto, de Violencia familiar, de Violencia de género, de Homicidios, de la Coordinación de Fiscalías regionales, y de Jurídico y Derechos Humanos, así como varias organizaciones civiles, el CEPEDV, y la Secretaría de Gobierno. En este estado ya está instaurada le mesa interinstitucional de incidencia política, se ha iniciado con la revisión de carpetas de investigación y se cuenta con el compromiso del ejecutivo estatal para brindar las facilidades necesarias. En Nuevo León se trató de obtener información oficial sobre los crímenes de odio por diversos medios sin obtener resultados satisfactorios; ya está en marcha la gestión para la instauración de una mesa de trabajo con CEDHNL y FGE, así como la gestión para firmar un convenio entre las organizaciones del Observatorio y la FGE para dar seguimiento a los casos. En Puebla se organizó un foro en el H. Congreso del Estado sobre Discriminación, violencia y crímenes de odio contra la población LGBTTTI+. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero hay disposición e interés para seguir con este arduo e importante trabajo.

La participación activa de los medios de comunicación con un registro adecuado de los hechos es fundamental para la eliminación de los estigmas y prejuicios que penden sobre las espaldas de la población LGBT. Nuestra sociedad ne - cesita de narrativas que contribuyan a impulsar el respeto y el reconocimiento de nuestra amplia diversidad para conformar un tejido armonioso que dé cabida a cada una de las personas que la conforman en plena libertad. Esto no será posible sin la participación activa y coordinada entre defensores de derechos y profesionales y directivos de los medios, que apoyados con instancias como la academia den curso a otras miradas y expresiones en los medios de comunicación. El trabajo desarrollado por las organizaciones parte del Observatorio da cuenta del enriquecimiento que se obtiene del trabajo coordinado y colectivo, de las iniciativas que como Observatorio podemos lograr involucrando a otras organizaciones, logrando acuerdos con otros movimientos y con la academia, pero sobre todo de la respuesta de los organismos gubernamentales para avanzar en la ge - neración de una nueva cultura junto con los medio de comunicación, como para lograr la protección de los derechos de las personas LGBT y su acceso a la justicia. El gobierno de México tiene un compromiso para responder puntualmente en la próxima Evaluación de su ejercicio de Derechos Humanos para dar cumpli - miento a la recomendación que le han sido planteadas, para que los casos de homicidio contra personas LGBT sean debidamente documentados e investigados que permitan acabar con la impunidad y la reafirmación estas acciones. La instalación de Mesas Interinstitucionales constituirá un mecanismo donde las instancias de justicia y derechos humanos, junto con defensores de derechos, definan las mejores estrategias para acabar con la impunidad y estas nocivas prácticas. Igualmente, consideramos que, mientras la población LGBT no forme parte del Plan Nacional de Desarrollo -inclusión que está también entre las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos- que oriente las acciones que las instancias gubernamentales habrán de emprender para la garantía de los derechos de este sector de la población, el cambio cultural que necesitamos para su respeto y dignificación no será posible. Urge formar parte de la política pública. Confiamos en que en un futuro cercano el Observatorio cuente con organizaciones de todos los Estados para que juntos podamos dar cuenta, seguimiento y monitoreo de las acciones que se emprendan para acabar con los crímenes de odio contra personas LGBT y avanzar con la protección de los derechos humanos para todas las personas.