Letra S 231

Letra S 231

Exigen activistas despenalizar el aborto en todo México

De esta manera, las y los integrantes de ddeser exigieron a las instituciones del Estado mexicano “abandonar su afán de criminalizar a las mujeres, dar marcha atrás a las reformas legislativas que criminalizan a las mujeres en 17 estados del país, cumplir con sus obligaciones de impartir educación sexual laica y científica a toda la población de adolescentes y jóvenes de México”.

Además, se demandó la implementación de una distribución amplia que garantice el fácil acceso a métodos anticonceptivos para toda la población, con énfasis en la población joven, adolescente e indígena, sectores más afectados por los embarazos no deseados, así como visos de compromiso por parte de las instituciones para cumplir con los compromisos internacionales de México en materia de derechos de las mujeres.

Su detención aún es una incógnita para su familia. El 19 de agosto de 2014 era su día de descanso y había salido por algunos encargos cerca de su domicilio, en Ecatepec, cuando un auto se acercó y sus ocupantes le preguntaron por la ubicación de una colonia. Abrieron las puertas traseras, lo detuvieron entre varios hombres, lo subieron, lo golpearon y se lo llevaron al Ministerio Público de San Agustín.

Su familia supo que estaba detenido porque aún no le quitaban el teléfono celular. A pesar de que fueron a buscarlo, los policías ministeriales negaron que Joni estuviera allí. Fue varios intentos después que pudieron verlo, sólo por unos segundos, pues a pesar de que originalmente estaba acusado de cohecho e iba a salir libre mediante el pago de una fianza, allí mismo les dijeron que lo habían identificado como homicida y lo iban a trasladar de inmediato al penal.

Los reclamos eran constantes de parte de la familia y también de Letra S, organización que lo acompañaba. El personal del área de salud les dijo que con unas leches fortificadas “se iba a levantar”. Ya no se supo si el método propuesto sería útil. Él murió el 27 de agosto de 2015, cuatro días antes de la reapertura de su caso a revisión ante la serie de irregularidades encontradas, como el hecho de que nadie lo había señalado directamente.

Según la Cartilla de Derechos Humanos de las personas que viven con VIH o Sida en reclusión, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “toda vez que los internos y las internas están bajo la custodia del Estado, éste tiene la obligación de facilitarles la información, la educación y los recursos necesarios para evitar la infección. En el caso de las personas que viven con VIH o con sida, además de proporcionarles información para su mejor cuidado, deberá permitírseles acceder al servicio médico y a los medicamentos necesarios para su tratamiento. Las personas privadas de su libertad tienen derecho a recibir una atención médica de la misma calidad básica que la que pudieran recibir si estuvieran en libertad”.