“El amor no mata, el odio sí”

El asesinato de Octavio Acuña en Querétaro, hace 16 años, tuvo todos los indicios de un crimen de odio, y que pudo ser cometido por policías en activo. Octavio denunció las amenazas, pero no lo escuchó ni el gobierno, ni las comisiones de derechos humanos. El crimen continúa impune. Sus amigos siguen trabajando por garantizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ en la entidad y en el país, y siguen exigiendo que se investigue.

Desde que Octavio migró a Querétaro para realizar sus estudios en psicología, el contacto con su familia había sido intermitente. Personas cercanas a Acuña aseguran que aunque sus familiares respetaban su orientación sexual, nunca le apoyaron y preferían que él estuviera lejos.

La Procuraduría construyó la narrativa del “crimen pasional” y negaba rotundamente que se tratara de un crimen de odio por homofobia. Asimismo desmintió categóricamente que hubiera elementos policiales involucrados.

De acuerdo con la documentación de las personas que acompañaron el caso, el joven detenido y la mujer transgénero presentaban signos de tortura. Después de un año 5 meses, el acusado fue puesto en libertad debido a un “golpe de suerte” y la mujer transgénero se mudó de estado, presuntamente, por amenazas en su contra.

Además del activismo local, Octavio era representante de Aquesex en la Red Democracia y Sexualidad (Demysex) donde pudo entablar contacto con otros colectivos y organizaciones de distintos estados que comenzaban a trazar una agenda para los derechos de la comunidad LGBTTTIQ.

Aunque los avances del movimiento LGBTTTIQ pueden ser palpables en una disminución considerable en los crímenes de odio y en la conquista de la realización de matrimonios entre el mismo sexo en la entidad, la agenda de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ está muy lejos de realizarse en Querétaro y a nivel nacional.

“Hay que señalar que, aunque en el Informe Anual de Crímenes de Odio Querétaro registra pocos casos, esto tiene un sesgo, pues nosotros no nos basamos en las carpetas de investigación ya que las fiscalías no registran datos de orientación sexual e identidad de género. Tenemos una urgencia de datos oficiales pues nuestro registro se basa en lo que sale en los medios de comunicación, lo que deja muchos casos que no salen a la luz. Es el estado quien tiene que asumir la tarea de registrar y …

Asimismo argumenta que el estado tiene que crear medidas de protección para la población más vulnerable, quienes estadísticamente son las mujeres y hombres trans, que por su identidad de género son expulsadas de sus casas, o se les dificulta encontrar un trabajo estable, lo que las orilla a situaciones de precariedad o riesgo.