Hasta 45 años por transfeminicidio

Hasta 45 años por transfeminicidio

El transfeminicidio ya está reconocido como delito en el Código Penal de Yucatán. La reforma establece penas de 32 a 45 años de prisión para quien prive dolosamente de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino.

La modificación representa un reconocimiento jurídico de una forma específica de violencia que durante años ha permanecido expuesta a prejuicios, discriminación y falta de reconocimiento institucional. Sin embargo, el alcance de la reforma no se limita a establecer una pena: también define las circunstancias que permitirán identificar cuándo un homicidio debe investigarse como transfeminicidio.

El nuevo artículo 394 Octies establece que comete este delito quien prive dolosamente de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino, cuando el crimen se cometa por razones de identidad o expresión de género.

Para determinar esas razones, la legislación contempla nueve circunstancias. Entre ellas, que la víctima presente signos de violencia sexual; que haya sufrido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones; que existan antecedentes de amenazas, acoso, discriminación u odio por su identidad de género, y que el agresor haya ejercido previamente violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial.

Otro elemento contemplado es la destrucción, retiro o sustitución de pertenencias, objetos personales o prendas de vestir con la finalidad de negar, ocultar o deslegitimar la identidad o expresión de género de la víctima.

Las penas podrán aumentar hasta en una tercera parte de la sanción máxima cuando se presenten circunstancias agravantes, como la participación de dos o más personas, amenazas relacionadas con la identidad de género de la víctima o cuando esta sea menor de edad, persona con discapacidad o adulta mayor.

La reforma también establece obligaciones para las autoridades municipales, policiales y especializadas, que deberán investigar estos casos con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, preservar los indicios y evitar prácticas de discriminación, estigmatización o revictimización.